El Perú ha vuelto a traspasar la línea de lo tolerable. El asesinato a sangre fría de Ysabel Susy Aponte Polo, popularmente conocida como «La China Polo» —periodista incisiva, fundadora del portal China Polo Dominical y candidata al Gobierno Regional de Áncash— no es un simple ajuste de cuentas callejero ni un hecho aislado de la delincuencia común; es un magnicidio político que desnuda la absoluta vulnerabilidad del Estado de derecho y la descomposición de las instituciones encargadas de protegernos.
Acribillada a balazos en pleno corazón de la ciudad de Caraz mientras realizaba actividades proselitistas, Aponte se convirtió en el blanco móvil de una estructura criminal que, según sus propias palabras antes de morir, operaba con total impunidad y venía silenciando a quienes se atrevían a fiscalizar el poder real en las regiones.
Las advertencias ignoradas y el fantasma de los altos mandos
Lo que verdaderamente estremece este crimen no es solo la brutalidad del ataque ejecutado —según los reportes preliminares— por sicarios extranjeros, sino el prontuario de denuncias previas que la comunicadora venía ventilando sin que ningún fiscal o autoridad de turno le pusiera el cascabel al gato.
Semanas antes de su ejecución, «La China Polo» alzó la voz con dureza en sus transmisiones y plataformas digitales para denunciar que era víctima de reglajes, seguimientos y amenazas directas de muerte tejidas desde el corazón de las cárceles. Lejos de amedrentarse, Aponte apuntó directamente contra la corrupción enquistada en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), señalando con nombre propio al general Víctor Revoredo Farfán. La periodista cuestionaba abiertamente los manejos de la institución y la opacidad de operativos que, supuestamente, debían combatir la criminalidad pero que —según sus graves testimonios— terminaban blindando redes de extorsión y argollas de poder político-delictivo en el norte chico.
¿Qué peso tenían las investigaciones de la candidata para que decidieran callarla de la manera más sanguinaria? ¿Por qué los órganos de control interno de la Policía y el Ministerio Público minimizaron las alertas públicas de una mujer que advertía, con nombres y apellidos, que la iban a matar? Hoy, su muerte convierte sus denuncias en un testamento incómodo que las autoridades intentan sepultar bajo el expediente de un «sicariato común».
¿Cómo combatir la delincuencia cuando el monstruo viste uniforme?
El asesinato de Susy Aponte golpea con furia la conciencia nacional y deja al descubierto la gran farsa de la política de seguridad del país. Mientras el gobierno central presume cifras ficticias de control y decretan estados de emergencia inútiles, el Perú se desangra con un promedio insostenible de 6 muertes violentas diarias, extorsiones generalizadas y una delincuencia transnacional que ha tomado el control de las calles.
Pero lo más grave, lo verdaderamente insostenible, es la metástasis institucional: ¿Cómo se pretende convencer a la ciudadanía de que existe una lucha frontal contra la criminalidad cuando los ciudadanos y fiscales observan sombras de sospecha, presuntos pactos oscuros y vínculos non sanctos entre malos elementos de las altas esferas policiales y las mafias de la región?
Cuando los periodistas y candidatos incómodos son cazados a balazos a plena luz del día y frente a testigos, el mensaje mafioso es claro: el que investiga al poder, muere.
Exigencia de justicia sin cortinas de humo
La captura de un presunto autor material en la escena del crimen no puede ser la coartada perfecta para cerrar el caso y archivar la investigación como un crimen resuelto. La sociedad civil, los gremios periodísticos independientes y los pobladores de Áncash exigen una comisión investigadora totalmente independiente, alejada de los tentáculos del Ministerio del Interior y de la propia PNP, para auditar los últimos trabajos periodísticos de «La China Polo» y esclarecer las responsabilidades políticas e intelectuales de su asesinato.
Si el Estado peruano permite que el crimen de una candidata y periodista crítica quede en la impunidad, habrá firmado formalmente el certificado de defunción de la democracia. El país no aguanta más muertos, ni más generales sospechosos, ni más silencios cómplices. ¡Justicia para Susy Aponte, caiga quien caiga!
El trágico crimen ocurre semanas después de que la comunicadora denunciara públicamente amenazas directas contra su vida y cuestionara a altos mandos policiales, reavivando el debate sobre la seguridad ciudadana y la impunidad en el país.
1. El hecho: Crimen en plena campaña electoral
EL PAÍS
La región de Áncash se encuentra conmocionada tras el asesinato a balazos de Ysabel Susy Aponte Polo, conocida popularmente como «La China Polo», quien se desempeñaba como periodista y competía como candidata al Gobierno Regional. El ataque ocurrió en el interior de un mercado de la ciudad de Caraz, donde un sujeto armado abrió fuego contra ella, cobrándose su vida e hiriendo a otras personas presentes. Las autoridades locales lograron la captura de un ciudadano extranjero como presunto autor material, sin embargo, colectivos de prensa y organizaciones civiles exigen dar con los autores intelectuales.
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2. Las graves denuncias previas: Señalamientos contra el alto mando
El homicidio adquiere un matiz sumamente alarmante debido a los antecedentes recientes. Apenas unos días antes del atentado, Aponte Polo había hecho públicas duras acusaciones a través de sus espacios de difusión.
La periodista señaló de forma directa al general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo Farfán, asegurando que había recibido advertencias desde centros penitenciarios sobre presuntos planes para atentar contra su vida. En sus declaraciones, «La China Polo» cuestionó con dureza el rol de altos mandos de la institución policial, afirmando que no temía a las represalias y exigiendo transparencia e investigaciones profundas ante lo que calificó como redes de corrupción enquistadas en las altas esferas del poder. Hasta el momento, las investigaciones fiscales deberán esclarecer si existe algún tipo de conexión entre estas advertencias públicas y su posterior ejecución.
3. Una crisis institucional y de seguridad que golpea al país
Este crimen golpea fuertemente a un Perú que atraviesa una profunda crisis de seguridad ciudadana, con un promedio alarmante de muertes violentas diarias y una creciente sensación de desgobierno. El asesinato de una candidata y periodista en pleno proceso electoral no solo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a informar, sino que también expone la vulnerabilidad de quienes fiscalizan a las autoridades.
Gremios como el Consejo de la Prensa Peruana y la Defensoría del Pueblo han manifestado su profunda preocupación y exigido garantías urgentes para los actores políticos y sociales, advirtiendo que crímenes de esta magnitud no pueden quedar en la impunidad. La ciudadanía se pregunta: ¿Cómo se pretende combatir la delincuencia organizada y la criminalidad que azota el país si existen sombras de sospecha sobre presuntos vínculos en los altos mandos? La respuesta exige una investigación transparente, caiga quien caiga.
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Áncash regional government candidate ‘China Polo’ gunned down
Este video de noticias muestra las coberturas y reportes de la prensa local sobre el ataque armado ocurrido contra la candidata en el mercado de Caraz.
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