Saltar al contenido
En un movimiento inédito para la historia política y migratoria de América del Sur, el Gobierno de Javier Milei oficializó la puesta en marcha de un Programa de Ciudadanía por Inversión, un esquema inspirado en los controversiales «pasaportes dorados» que permitirá a extranjeros acceder directamente a la naturalización e identidad argentina a cambio de un desembolso económico.
Las cifras del nuevo régimen
El plan exige una tarifa base por cada solicitante principal y establece un tarifario con descuentos familiares:
-
Titular principal: US$ 350.000.
-
Cónyuges e hijos (de 18 a 25 años, solteros): US$ 100.000 por persona.
-
Hijos menores de 18 años: US$ 25.000.
Bajo estas condiciones, un grupo familiar compuesto por la pareja y dos hijos menores podrá obtener el pasaporte argentino tras pagar medio millón de dólares.
Desde la Casa Rosada sostienen que los postulantes deberán superar previamente filtros de antecedentes penales, controles migratorios y auditorías de origen de fondos gestionados por la Dirección Nacional de Migraciones. La meta fiscal del Ejecutivo es captar unos US$ 2.500 millones en los próximos cinco años para fortalecer las reservas y afrontar los vencimientos de deuda pública.
Un choque de posturas e impacto geopolítico
La medida ha generado una fuerte controversia en el ámbito social y legislativo:
-
El argumento oficial: El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa tras reunirse con inversores y empresarios en Europa, señalando que satisface la demanda de grandes capitales internacionales interesados en operar en el país.
-
La oposición en el Congreso: Dirigentes de la oposición presentaron proyectos para frenar la medida de inmediato. Denuncian que la adquisición de la nacionalidad sirve como «un atajo» para esquivar normativas locales —como los límites a la adquisición de tierras de frontera por parte de extranjeros— y critican el contraste entre las facilidades otorgadas al capital financiero y el endurecimiento de los controles para el resto de los migrantes.
«Argentina entra al reducido grupo global de países que comercializan la ciudadanía, posicionándose como la primera nación de Sudamérica en adoptar este modelo fiscal de atracción de capitales».
¿Por qué un delincuente no podría acceder?
-
Requisito obligatorio de antecedentes penales: Todos los programas de naturalización e inversión en Argentina exigen la presentación de un certificado original de antecedentes penales apostillado de su país de origen y la verificación en la base de datos de Interpol.
-
Auditoría del origen de los fondos: El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Migraciones aplican auditorías financieras (Due Diligence) para garantizar que el dinero invertido proceda de fuentes bancarias legítimas y no del lavado de activos o actividades ilícitas.
-
Endurecimiento de políticas migratorias: La gestión actual ha promovido medidas para facilitar la deportación e impedir la entrada de extranjeros con antecedentes penales o condenas judiciales.
¿De qué trata realmente el proyecto?
El esquema conocido como «pasaporte dorado» busca captar divisas extranjeras e inversiones directas.
-
Tarifa base: Requiere un pago o donación al Tesoro Nacional desde los US$ 350.000 o la compra de bonos soberanos.
-
Controversia política: La crítica principal de la oposición no se centra en la entrada de delincuentes, sino en que crea un mecanismo de privilegio económico para grandes capitales extranjeros frente a los requisitos ordinarios de residencia.
About Author
