Dos de cada tres limeños y chalacos están en riesgo de quedarse sin agua potable debido a la inminente contaminación por relaves mineros del túnel trasandino, principal fuente hídrica para Lima y Callao. Pese a ello, representantes del régimen de Boluarte sostienen que “no existe una amenaza real” y estos “son hechos imaginarios”.
El 24 de abril del 2019, José De Echave, representante de CooperAcción, y las excongresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio presentaron una demanda de amparo contra la minera Ariana por la amenaza al derecho fundamental al agua potable, violación al derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y violación al derecho fundamental a la salud.
Otras de las partes demandadas fueron el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), como representantes del Estado peruano, quienes otorgaron los permisos para que la minera Ariana empiece la etapa de exploración y desarrollo del proyecto, además de aceptar los estudios ambientales cuestionados por la parte demandante.
Son cinco jueces los que llevan el caso y cuya votación decide si el proyecto minero Ariana continúa o se suspende. Hasta el momento, dos han votado a favor de que se suspenda y otros dos para que continúe. El voto separador reside en manos del último magistrado, Eduardo Romero Roca.
Así, siguiendo con el proceso, este 8 de enero se dio la última audiencia de la segunda instancia donde se expusieron los argumentos en favor y contra.
La principal preocupación de la parte demandante es la proximidad de la minera Ariana con el túnel trasandino. Este túnel es la principal infraestructura de trasvase de agua que permite desviar los recursos hídricos de las cuencas del río Mantaro al río Rímac y Santa Eulalia. Con ello se abastece de agua a más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.
Cuando el río Rímac tiene el caudal mínimo, en épocas de sequía, el 62% del agua que consumen limeños y chalacos proviene del túnel trasandino.
La excongresista Marisa Glave sostiene que el estudio de impacto ambiental presentado por la minera tiene serias deficiencias, ya que no se ha considerado la afectación al sistema de Marcapomacocha, uno de los más grandes e importantes de regulación hídrica.
“En este caso, el estudio de impacto ambiental no ha hecho una valoración del impacto del agua de Lima. No hay garantía de que este proyecto no vaya a afectar el agua de Lima ni el sistema de Marcapomacocha”, señaló.
La mina Ariana se localiza en la cabecera de cuenca del río Mantaro, un lugar muy importante del sistema hidráulico Marcapomacocha, por ello ha despertado la preocupación de la sociedad civil.
De hecho, la presa de relave minero se ubica a menos de medio kilómetro del túnel trasandino, señala el geógrafo Dionel Martínez, lo que implica un gran riesgo de contaminación por elementos tóxicos en el agua que consumen millones de ciudadanos.
Al respecto, los abogados del Estado peruano minimizaron la denuncia y trataron de desacreditar a los demandantes. “La verdadera voluntad, sin ningún sustento y con opiniones subjetivas, es vetar la producción minera del país teniendo en cuenta que es un megaproyecto de inversión”, señaló el abogado del MINEM.
Ya precavido por estos ataques, José De Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, apuntó en conferencia de prensa previa a la audiencia que “no estamos en una lógica anti minería. Lo que estamos es preocupados, con mucha legitimidad, porque se pretende afectar con un proyecto (minero) de estas características a un sistema (hídrico) que es fundamental”.
Por su parte, el abogado de la PCM minimizó la demanda de amparo y sostuvo que se trata de “hechos imaginarios”, pues “no existe una amenaza real”.
Incluso, cuestionó que se dé el argumento de que estamos frente al cambio climático y los recursos hídricos son escasos.
Sedapal presenta estudios que advierten riesgo de escasez hídrica
Tras una evaluación in situ, Sedapal identificó algunos peligros que se podrían generar de entrar en funcionamiento la minera Ariana.
En primer lugar señaló la importancia del túnel trasandino, ya que es la única estructura que permite trasvasar agua de la vertiente del Atlántico (sierra oriental y Amazonía) a la vertiente del Pacífico (sierra occidental y costa). “Si el túnel es afectado, no habrá agua para Lima y Callao”, apuntó la representante de Sedapal.
Asimismo, reveló que Sedapal ha detectado niveles de arsénico en el túnel muy cerca al límite. Por ello “cualquier actividad minera que contamine en lo más mínimo el agua afectará a su potabilización”.
Por último, sostuvo que no solo la calidad del agua está en peligro, sino también la cantidad de agua que se puede recolectar, ya que si se afecta a la estructura de las lagunas del sistema Marcapomacocha, esta disminuirá y la población se verá perjudicada.
“Este es un activo crítico nacional, si deja de funcionar, la sociedad misma dejaría de funcionar, el PBI se vería afectado, los activos críticos tienen intangibilidad y eso no se ha considerado”, explicó el geógrafo especialista de la parte demandante, Dionel Martínez.
Ana Leyva, abogada de CooperAcción, aseguró que de continuar este proyecto minero no solo se afectaría a millones de personas sino también a Lima como principal centro productivo del país. En ese sentido, aseguró que no se puede esperar a que la afectación ocurra para después recién intentar repararla, pues sería imposible.
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