«El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, ha intentado amordazar y amedrentar a miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima», señala el comunicado emitido por la institución.
Según la denuncia, después de dicha reunión, celebrada el pasado 26 de diciembre de 2024, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia presentó una demanda contra el decano del CAL y otros directivos, bajo el argumento de que la reunión no contaba con la autorización de la Asamblea General.
Durante el encuentro con la CIDH, el decano y los directivos del CAL expresaron críticas hacia la aprobación de normas inconstitucionales que no han sido observadas por el Ejecutivo. Entre ellas, se mencionaron las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado y otros proyectos legislativos, como el que busca retirar al Perú de la jurisdicción de la CIDH.
Es por ello que el CAL sostiene que las acciones del Ministerio de Justicia atentan contra principios fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a difundir ideas y las facultades legales y estatutarias de los colegios profesionales. Asimismo, lamentó que la presidenta Dina Boluarte, siendo abogada y exdirectiva de la entidad, «desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país».
