El debate sobre la seguridad ciudadana en el Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos. Con índices de delincuencia e extorsión en niveles preocupantes y una percepción de inseguridad desbordada, las propuestas políticas para contrarrestar el crimen organizado se han vuelto el centro de la agenda nacional.
Sin embargo, algunas de las salidas planteadas vuelven a poner sobre la mesa viejas tensiones entre seguridad, democracia y derechos fundamentales.
1. El retorno a las recetas del pasado: Eficiencia vs. Institucionalidad
La propuesta de apelar a modelos de inteligencia centralizada —evocando instituciones emblemáticas de la década de los 90 como el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)— responde a un clamor ciudadano real por mano dura e inteligencia efectiva contra la criminalidad urbana.
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El argumento a favor de la inteligencia centralizada: Quienes defienden una reestructuración profunda del aparato de inteligencia sostienen que la delincuencia organizada actual requiere respuestas drásticas, con capacidad operativa centralizada y liderazgo firme para desarticular bandas de extorsión y sicariato.
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El riesgo histórico: No obstante, apelar al modelo del SIN noventero genera serias alarmas en diversos sectores. Aquella institución derivó en un aparato de control político, persecución a opositores y corrupción sistémica.
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La delincuencia moderna no se combate desmantelando contrapesos democráticos, sino fortaleciendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de manera institucional y transparente.
2. La polarización como arma política: La estigmatización de la oposición
Uno de los fenómenos más complejos del debate político actual es el uso desmedido de etiquetas históricas para descalificar a la oposición o a los movimientos de protesta.
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El uso del «terruqueo»: Acusar o vincular de manera generalizada a opositores o manifestantes con agrupaciones subversivas como Sendero Luminoso debilita el debate democrático. Si bien existen rezagos y elementos radicales que deben ser investigados por la justicia, convertir la acusación de «senderista» en una narrativa sistemática busca deslegitimar el reclamo social genuino.
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El impacto en el tejido social: Esta polarización rompe los puentes de diálogo y divide al país en bloques irreconciliables, impidiendo lograr consensos básicos en materia de gobernabilidad y seguridad pública.
3. Crisis económica y descontento social: El factor que acelera el malestar
El fenómeno de la inseguridad no ocurre en el vacío; se agrava cuando coincide con presiones económicas globales y locales:
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Poder adquisitivo en declive: El alza en los precios del combustible y la canasta básica familiar impacta directamente en el bolsillo de la ciudadanía, generando una sensación constante de vulnerabilidad.
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Protesta e inestabilidad: El descontento de la calle no responde únicamente a simpatías políticas, sino a una acumulación de frustraciones: falta de empleo formal, servicios públicos deficientes y la sensación de que las élites políticas están desconectadas de las necesidades prioritarias del ciudadano de a pie.
Conclusión: ¿Hacia dónde debe ir la solución?
El Perú no necesita revivir fantasmas autoritarios del pasado ni profundizar la polarización mediante la estigmatización del adversario. La crisis actual exige una estrategia integral de seguridad ciudadana basada en:
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Inteligencia policial profesional y limpia, sin fines de espionaje o control político.
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Fortalecimiento institucional, dotando de recursos a la Fiscalía y al sistema judicial.
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Estabilidad económica y diálogo social, atendiendo las demandas de la población antes de que la conflictividad escale.
La verdadera solución a la delincuencia no vendrá del otorgamiento de poderes absolutos ni de la imposición, sino del fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.
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